Los óleos de los mandatarios que han gobernado nuestro Ecuador a través de su historia, después de su mandato por tradición y costumbre pasan a ser expuestos en la galería del Salón de los Presidentes.

Sin embargo, ese honor debió siempre ser selectivo y ganarse esa perpetuidad.

En el caso de Fabián Alarcón, su elección fue el resultado de una débil componenda en la que no se respetó la sucesión constitucional y legal.

Pero, el presidente interino, audaz e inteligente, aprovechando el rechazo ciudadano a los abusos del presidente defenestrado, pidió al pueblo, en consulta popular, el apoyo a su nombramiento; y en mayo de 1997 la ciudadanía lo respaldó con más del 73% de votos y lo constitucionalizó.

Es historia también que su gestión se la calificó de deficiente, incompetente.

Pero si lo piensan deshonrar deslizando su retrato de ese salón de honor, habrá que hacer lo mismo y con mayor diligencia, el retiro de los retratos de por lo menos cinco de los últimos mandatarios contemporáneos, que se descalificaron ellos mismos, por idénticos y aún más graves actos de ingobernabilidad, enriquecimiento ilícito (que hoy hacen gala), e incapacidad.

Carlos Raúl Saavedra Idrovo
ingeniero, Guayaquil 

En el artículo de opinión del viernes 17, del Dr. Orlando Alcívar, titulado ‘Sobre la crisis bancaria’, el columnista se refiere a su vez al informe presentado por la Comisión para el Análisis de la Crisis Económico-Financiera que, entre otras cosas, “responsabiliza” a la transitoria número 42 de la Constitución actual, aprobada por la Asamblea de 1998, de buena parte de la crisis bancaria; al haber permitido en dos años adicionales los “créditos de solvencia” cuando el artículo 265 ya los había prohibido.

Y un ex superintendente de Bancos, en una entrevista televisiva, ha dicho que aquello fue una barbaridad porque permitía darle créditos “de solvencia” a bancos insolventes. Más allá de que los créditos de liquidez y solvencia estaban permitidos por la legislación vigente a la época en que se instaló la Asamblea Constituyente de 1998, y de que los créditos de “solvencia” se entregaban por parte del Banco Central cuando una institución financiera presentaba problemas patrimoniales que podían constituir un grave riesgo sistémico; resulta un verdadero despropósito tratar de echarle a la Asamblea del 98 parte de la culpa de la crisis bancaria del 99. Del acta correspondiente a la fecha en que se aprobó la transitoria, que fue el 4 de junio de 1988, se colige que la transitoria se aprobó por unanimidad. Como los representantes del PSC –salvo algunos– se habían retirado en bloque de la Asamblea, debemos concluir que la transitoria fue aprobada básicamente por representantes de la Izquierda Democrática, Pachakutik, MPD, entre otros partidos políticos. Es decir, por importantes partidos de la izquierda ecuatoriana, entre los cuales se encuentran personas que colaboran con el actual Gobierno.

Dicho sea de paso, el control sobre los préstamos de liquidez o solvencia y la obtención de las debidas garantías, le correspondía al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos. Si aquellos controles eventualmente fallaron, no puede responsabilizarse a la norma jurídica, pues exactamente la misma norma se aplicó con notable éxito en el caso del Banco del Pacífico, hoy uno de los bancos más importantes del país. No resulta popular hoy en día defender a la transitoria. Quizás, como dice Alcívar, su duración fue muy extensa. Pero en el momento en que se la aprobó se lo hizo de buena fe y pensando que no se podía bloquear de sopetón la posibilidad de otorgar créditos a instituciones con problemas de liquidez o patrimoniales, sobre todo porque los depositantes habrían quedado inermes. La demagogia política y las pasiones descontroladas pueden llevar a análisis facilistas y a tratar de situar responsabilidades donde no existen. Ni la Asamblea del 98 tuvo que ver con la crisis bancaria, ni las Comisiones, por importantes que sean, pueden suplir las facultades de los jueces.

Ricardo Noboa Bejarano,
doctor en jurisprudencia, Guayaquil